Piden prorrogar una ley que impide el desalojo de comunidades indígenas de las tierras que ocupan
Existe preocupación en sectores defensores de los derechos indígenas, ante la proximidad de caducidad de la Ley 26160 que impide el desalojo de las comunidades de las tierras que ocupan. Y al mismo tiempo permite un relevamiento técnico, jurídico y catastral de los territorios ocupados por las mismas.
En el pronunciamiento público, que recogió varias adhesiones en redes sociales, ENDEPA emitió datos estadísticos donde asegura que el 58% de las comunidades indígenas no fue relevada por el INAI.
La campaña lanzada se denomina “X Nueva Prórroga de la Ley 26160”. La Ley 27400, prorrogada por la 26160 sancionada en 2006, vence el 23 de noviembre. Tuvo tres prórrogas: en 2009, mediante la Ley 26554, en 2013, a través de la Ley 26894, y en 2017 con la actual, pronta a caducar.
El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen explicó que la ley da respuesta a la situación de emergencia territorial de las comunidades, en línea con el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y ofrece cumplimiento parcial al artículo 14, inciso 2 del Convenio 169 de la OIT.
Además, impide los desalojos de las comunidades y la desocupación de las tierras que ocupan y ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades indígenas y de los territorios ocupados por las mismas de forma actual, tradicional y pública, cuyo resultado es la entrega de una Carpeta Técnica a cada comunidad.
Como parte del inicio de esta campaña, presentamos además el informe especial Nueva Prórroga de la Ley 26160. El documento refleja el alto nivel de inejecución del relevamiento previsto. A pesar de su importancia para los Pueblos Indígenas, actualmente solo se relevaron el 42% de las comunidades que habitan el país.
“En 15 años desde la sanción de la ley 26160, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) -encargado de efectuar el trabajo- le falta completar el 58% de los relevamientos de los territorios y tiene serias observaciones en cuanto al rendimiento de fondos y al trabajo realizado en campo”, señala la reseña presentada por ENDEPA.
Y advierte que “si no se logra la prórroga se producirían desalojos de comunidades indígenas de sus territorios, ocasionándoles daños irreversibles, ya que la vida y el desarrollo de la cultura de los Pueblos Originarios está directamente ligada a sus territorios”.
Ante esto, sostiene: “Preocupa el silencio de los legisladores respecto de una ley de estas características cuya prórroga vence en noviembre. Es claro que los desalojos de Comunidades Indígenas de sus territorios son una agresión a sus derechos y producen daños irreversibles sobre las poblaciones indígenas”.
Concluye que “la República Argentina tiene como mandato constitucional el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los Pueblos Originarios, de sus territorios, de la administración de sus bienes naturales y del derecho a la consulta previa, libre e informada”.
Y propone que “la solución definitiva a la titularización de los territorios es que se sancione la Ley de Propiedad Comunitaria para el debido reconocimiento de la propiedad indígena”.
