El intendente de Rawson, Damián Biss,deberá resolver esta semana el destino que le asignará al recientemente condenado por la justicia por encubrimiento, Marcelo Suárez.
Es que hasta el mismo intendente capitalino se resistía a restarle protagonismo dentro del Gabinete local al polémico funcionario, que la semana pasada firmaba expedientes en la Municipalidad rawsense y decidía casi como una autoridad gubernamental de primera línea. De hecho, ofrecía respaldo idóneo en la Secretaría de Gobierno que comanda Miguel Larrauri.
“Suárez es empleado”, se justificaba insistentemente el intendente Biss para defender la asesoría que ostentaba el indicado dentro del Ejecutivo, mientras la Justicia ordinaria cumplía el proceso legal que condenó, además del funcionario capitalino, a la exministro de Familia, Leticia Huichaqueo y a Juan Carlos Gómez en la causa Royal Canin.
Ante la decisión del tribunal, Biss -por moral-, deberá reubicar a Suárez porque la condena social por la pálida imagen al exterior que puede despertar a simple vista su intervención en aspectos estratégicos, perjudicaría la sostenibilidad de un equipo municipal que busca perdurabilidad electoral.
Es un análisis simple: el ciudadano capitalino responde en las urnas los procesos indebidos. Y ya pasó con la gestión anterior. Rawson juzga cualquier desviación. El vecino cuida el voto, lo valora, reconoce que depende de él, es un gesto que no sucede en otras ciudades cuyos dirigentes compran voluntades con la entrega de animales de granja.
Nada justifica sostener a Suárez, ni mucho menos permitirle la firma de expedientes. Biss deberá entenderlo. De hecho, siempre se planteó el interrogante de su incursión dentro de la Secretaría de Gobierno. “Nadie sabe cómo llegó a ese lugar, ni por qué se le otorgaron tantas facultades”, dicen quienes a menudo transitan por los pasillos del acartonado municipio.
Suárez fue condenado a 2 años y 6 meses -de ejecución condicional-, e inhabilitación especial por 5 años, tras haber sido declarado responsable del delito de encubrimiento por favorecimiento personal agravado por haber sido cometido por un funcionario público, en concurso ideal con falsedad ideológica.
La condena condicional es una potestad que tiene el juez para suspender el cumplimiento de la pena. Y su aplicación se dejará en suspenso mientras el condenado cumpla la condición que se le impone.
Si bien fue el menos perjudicado, su culpabilidad debería ser considerada por Biss y replantear algunas estrategias funcionales. No querrá el intendente ser juzgado por el vecino por sostener en un lugar de privilegio a Suárez ante tamaño episodio. El tiempo determinará las respuestas.
Royal Canin
Los jueces Mónica García, César Zaratiegui y Martín O’ Connor condenaron a Huichaqueo a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo, más inhabilitación absoluta perpetua como autora del delito de peculado en modalidad de delito continuado.
Juan Carlos Gómez fue condenado a la pena de 3 años y 6 meses de prisión de efectivo cumplimiento, además de inhabilitación absoluta perpetua como partícipe del delito de peculado en modalidad de delito continuado.