Es una causa en la que están involucrados dirigentes y exsindicalistas de ATE. Uno de los procesados pidió devolver dinero, aunque sería una cifra ínfima comparada con los montos investigados. En una audiencia realizada el jueves 8 de mayo, en el marco de la causa por presunta administración infiel vinculada a fondos de ATE Chubut, la defensa de Mirta Simone, a cargo del defensor oficial Damián D’Antonio, solicitó la suspensión de juicio a prueba (probation), ofreciendo como reparación económica la devolución de 8 millones de pesos. La propuesta contempla el pago de 4 millones en el corto plazo y el resto en 12 cuotas, además de un año de cumplimiento de reglas de conducta -como no cometer nuevos delitos, informar viajes y presentarse periódicamente-, seis meses de trabajo comunitario con jornadas de seis horas diarias, y el compromiso de no participar de la vida interna de ATE. Según se expuso en la audiencia, la fiscalía no se opuso al pedido al considerar que se cumplen los requisitos legales. En cuanto a las partes acusadoras, se diferenciaron las posturas: por un lado, el abogado Alejandro Castillo interviene como querellante adhesivo -es decir, acompañando la acusación del Ministerio Público Fiscal-, mientras que la representación de Danilo Sepúlveda actúa con autonomía procesal. Ambas posiciones manifestaron objeciones al otorgamiento del beneficio. La causa se inscribe en una investigación por presunta “administración infiel”, donde también figura Félix Guillermo Quiroga, entre otros imputados, conforme surge de la acusación presentada. La definición quedó ahora en manos de la jueza Eve Ponce, quien deberá resolver si hace lugar o no a la suspensión del proceso. Más allá del encuadre legal, el caso vuelve a abrir un fuerte debate público. El monto total bajo investigación -que supera los 50 millones de pesos entre transferencias y retiros-, actualizado a valores actuales, podría rondar los 600 millones de pesos, lo que expone una marcada desproporción frente a la reparación ofrecida de 8 millones. En ese contexto, surgen cuestionamientos sobre la respuesta del sistema judicial ante este tipo de delitos. La posibilidad de acceder a una probation no solo evitaría la realización de un juicio, sino que además implica, en términos prácticos, una admisión de responsabilidad por parte de la imputada, sin que se llegue a un proceso oral que permita dimensionar completamente el perjuicio ocasionado. La resolución judicial será clave, no solo para el futuro de la causa, sino también para establecer un precedente en casos donde el paso del tiempo y la inflación terminan diluyendo el impacto económico real de los hechos investigados. Navegación de entradas El aumento para Cooperativa “iba a arruinar” a todos
