El Gobierno de Macri mentó un plan sistemático de espionaje político ilegal
La Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso de la Nación dictaminó, tras una fausta investigación, que el Gobierno del expresidente Mauricio Macri orquestó un “plan sistemático de espionaje ilegal y masivo” contra dirigentes políticos y sociales, empresarios, periodistas y familiares de víctimas de diferentes tragedias y presos que fueron realizados por espías que no tenían las órdenes judiciales correspondientes.
«El Estado mafioso», así se titula el informe de la bicameral, que sostiene que el espionaje se ejecutó con el fin de amedrentar y extorsionar a opositores con el respaldo de jueces, fiscales y periodistas.
El año pasado -reseña RT Actualidad-, comenzaron a abrirse múltiples causas judiciales por el espionaje ilegal llevado a cabo durante el macrismo, lo que ya derivó en el procesamiento del exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas —a quien Macri designó en el cargo por ser su amigo, como él mismo ha reconocido— y la exsubdirectora Silvia Majdalani.
“La Argentina estuvo y está en peligro”, afirma el dictamen firmado por mayoría de la Comisión especial, integrada por 14 diputados y senadores. La gestión Macri -agrega el informe-, utilizó el poder del Estado para implantar “un plan sistemático de espionaje político ilegal como método de dominación y extorsión, al mejor estilo de la práctica mafiosa”.
“No quedó nada afuera: hubo aproximadamente 171 organizaciones políticas, sociales y gremiales espiadas ilegalmente y al menos 354 víctimas directas confirmadas”, resume el informe.
El dictamen apunta que “el objetivo de la extorsión política y económica era claro: quebrar emocional, económica y políticamente a las víctimas seleccionadas”.
Según la investigación, la lista de operaciones era de amplio espectro y tenía como objetivo a “opositores políticos, sindicales y empresarios no alineados con el gobierno de Macri”, y el método de ataque era el “lawfare”, “a través de la manipulación del Poder Judicial, en perfecta sincronización con los medios de comunicación hegemónicos”.
El objetivo era armar denuncias, difundirlas en los medios de comunicación “y repetirlas hasta el hartazgo, creando así un clima de odio, rencor y revancha” que justificara la intervención judicial.
Financiamiento
La AFI contó con un presupuesto de alrededor de 100 millones de dólares que gastó sin mayores controles, lo que le habría permitido montar una estructura para extorsionar, perseguir y eliminar o neutralizar a opositores.
Sugerencia
Para evitar que esto vuelva a ocurrir, el grupo parlamentario propone mayores controles legislativos, profesionalización de los agentes y la creación de una Comisión Investigadora que permita llegar a los verdaderos responsables de la producción de inteligencia ilegal.
