Sindicatos y organizaciones sociales exigieron públicamente al Gobierno del Chubut no “criminalizar” las protestas, sugiriendo un intento, por parte de Fontana 50, de desviar la atención del verdadero origen de los conflictos en la provincia: las deudas salariales y el avasallamiento de los derechos ciudadanos a través de la desmedida intervención policial en algunos casos.
Vía redes sociales, gremios y sectores defensores de la lucha ciudadana, compartieron distintos mensajes repudiando la “criminalización de la protesta”; concepto que intenta instalar el Gobierno que conduce Mariano Arcioni para decaminar los ejes de conflicto en una provincia que no despega y profundiza las desigualdades.
Varios sindicatos apoyaron su idea en el proceso judicial que este lunes se iniciará contra dirigentes gremiales, a quienes la Justicia imputó por considerarlos participes de los incendios ocurridos en septiembre de 2019 en la Legislatura y Casa de Gobierno en Rawson.
Incluso confirmaron su presencia en la Oficina Judicial de la capital provincial para manifestar su respaldo a los imputados y acompañar la lucha sectorial.
El proceso contra Santiago Goodman, Matias Schierloh, Marcela Ancaleo y Mariana Castro comienza a las 9.