“El Gobierno designa a los jueces para tener un control sobre el Poder Judicial”, dijo Belcastro
Las instituciones, no es novedad, tienen una autonomía simulada. Las facultades libertarias de cada sector se reducen cuando el Gobierno -llámese Poder Ejecutivo-, interviene.
El Estado se divide en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero sólo el primero de ellos tiene potestad casi divina sobre el resto. La Legislatura es un apéndice del Gobierno, orgánicamente estructurado, que responde a pedidos puntuales.
Extrañamente, cuando el voto popular es pensando, el Parlamento actúa como contralor de las actuaciones ejecutivas, aunque en definitiva, siempre los intereses comunes evaden el monitoreo celoso que requiere garantizar transparencia.
Distinto funciona el Poder Judicial, cuyos miembros supremos son elegidos por el Gobierno; y es aquí donde se plantea la libertad operativa del sector. Incluso se permite dudar sobre la actuación en determinados temas, por parte de quienes deben impartir justicia. Una direccionalidad leve pero arriesgada de la cosa pública.
Justamente la autonomía es lo que se discute hacia el interior del Poder Judicial, donde el reclamo central está sujeto al comportamiento financiero. Y es el Gobierno el que fija las condiciones a instancias de la inmovilidad resolutiva de los jueces del Superior Tribunal de Justicia.
Desde marzo, los trabajadores judiciales reclaman una actualización salarial, más allá del pago de deudas. “Este año tenemos un presupuesto aprobado, con un porcentaje para aumento salarial del 30 por ciento”; lógicamente esa cifra se “achica porque dan el incremento de diciembre en la Corte”, explicó a Cinco Claves el secretario General del SITRAJUCh, Raúl Belcastro.
“En todas las asambleas que hicimos, la gente dijo: ‘está bien que paguen la deuda, pero queremos discutir aumentos salariales’”, afirmó.
En este marco, señaló que “el Poder Judicial tiene autonomía, tal vez no la financiera, pero es un sector autónomo. La Legislatura, por caso, reformuló su presupuesto porque tenían partidas que no había usado debido a que no hubo traslados y dio aumentos”.
Belcastro explicó la lógica. “Al Poder Legislativo y Ejecutivo los elige la gente, caso contrario, en la Justicia no hay una forma popular de designar a los jueces, a excepción del Consejo de la Magistratura. Entonces, uno tiene que pensar que el Gobierno pone los ministros para indirectamente tener un control del Poder Judicial”, lo que afecta directamente otras facultades.
Ciertamente, “debemos reconocer también que es un Poder Judicial vaciado, integrado por dos personas, que tuvieron que lidiar con pandemia y otras cuestiones”. De todos modos, “no se pueden resolver cuestiones si no se discute con las bases, y el reclamo de los compañeros desde marzo viene siendo actualización salarial”.
Fotos: Prensa SITRAJUCh
