La Justicia obligó a Maderna a que responda los pedidos de informes de Cáceres
La gestión municipal de Trelew, desde sus comienzos en diciembre del 2015, despertó desconfianza. La imagen pública de algunos funcionarios escogidos para integrar el Gabinete de Adrián Maderna -varios amistados con la delincuencia-, sumado a determinadas acciones de Gobierno que sembraron dudas, alertaron a la comunidad y a la oposición, que en este último caso, monitorea puntillosamente cada movimiento del Ejecutivo.
El concejal de la Unión Cívica Radical, Rubén Cáceres, presentó sendos pedidos de informes sobre cada acto ejecutivo firmado por Maderna y su elenco de notables. Todos cayeron en saco roto.
Ante la omisión gubernamental, el edil debió recurrir a la justicia para acceder a información pública. Difícilmente entiendan desde el municipio de Trelew que todo acto público debe emitirse para, en el mejor de los casos, construir transparencia. Sin embargo, hay detalles que prefieren omitirse sin sentido; o tal vez adrede.
El Juzgado de Ejecución N° 2 de Trelew, tras una presentación firmada por Cáceres, dictaminó en las últimas horas que el municipio responda un pedido de informes sobre un convenio con el STIA, presentado el 24 de septiembre de 2020 y que, pese a haber sido aprobado por el Concejo Deliberante, nunca fue contestado.
El pedido de informes estaba vinculado a conocer detalles sobre unas becas de capacitación para la inserción laboral de jóvenes en las plantas del parque industrial.
En el formulismo judicial el edil señaló que el 19 de abril de 2021, por la falta de respuesta del pedido de informes, presentó un reclamo al intendente Adrián Maderna para que brindara detalles del convenio, basado en la Ley de Acceso a las Fuentes de Información.
En ambos pedidos se solicitaba conocer las condiciones para garantizar la seguridad e higiene de los becados y, sobre todo, el rol del municipio en caso de incumplimiento del convenio por parte de las empresas involucradas, además de que se remitiera una copia del convenio suscripto por el intendente. El concejal radical indicó en los fundamentos de la presentación judicial que el convenio nunca fue ratificado por el Concejo Deliberante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Carta Orgánica.
La jueza María Andrea García Abad dictaminó que es el secretario de Gobierno, Federico Ruffa, el responsable de responder al pedido de informes, por lo cual se lo condenó al funcionario de la Municipalidad para que en el plazo de 5 días desde la notificación, se le facilite a Rubén Cáceres la información y documentación requerida, en función de su carácter público.
Cáceres, ante la falta de información, se reunió con el titular del STIA, Luis Núñez, donde dejó en claro que “la responsabilidad de garantizar la transparencia en las gestiones es del Gobierno local, que debe solicitar la ratificación del acuerdo al Concejo Deliberante, tal como lo manda la Carta Orgánica”.
En la firma del acuerdo, cuyo texto nunca se publicó, además, estuvieron, según la información oficial difundida el año pasado, representantes de la Subsecretaría de Pesca, de la Secretaría de Trabajo de la Provincia, y del sector empresario.
