El Gobierno se prepara para pagar billones a universidades

Vence este viernes por la mañana el plazo para que el Ejecutivo acate lo dictaminado por la Justicia.

El Gobierno tiene hasta mañana a las 9:30 para acatar el fallo judicial que confirma la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario. Creen que habrá un escenario adverso cuando acudan a la última instancia judicial posible, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según información difundida por Infobae.

“Hoy en día no vamos a pagar. Lo digo así porque realmente no tenemos la plata. Ahí tiene que ver qué hace Manuel [Adorni, que por ser jefe de Gabinete es el responsable de redistribuir fondos presupuestarios] con eso para ver cómo se consigue la plata. Pero hoy en día no la tenemos”, indicó a Infobae una fuente inobjetable.

Y es que desde el Poder Ejecutivo estiman que el regimiento de la legislación sancionada el año pasado “tendrá un costo” de 2,5 billones de pesos. Es decir, $2.500.000 millones. El oficialismo logró que se rechazara una iniciativa similar impulsada por la oposición en 2024, pero no pudo hacer lo mismo al año siguiente: los bloques que no responden al Gobierno y otros dialoguistas sancionaron la ley y lograron voltear el posterior veto hecho por el presidente. Luego judicializaron la medida, que fue rechazada en primera y segunda instancia.

En la Casa Rosada ya se están preparando para ver cómo pueden pagar de manera dosificada ese monto. “Se estima en 2.5 billones el costo que tendrá que afrontar el Poder Ejecutivo a partir del viernes tras un nuevo revés judicial”, indicaron desde un despacho. Esto esgrime una fuente de altísimo rango en el Gobierno: “La Corte te tiene que conceder el efecto suspensivo y eso no ocurrió todavía, es altamente improbable que nos lo concedan”.

Uno de los principales responsables del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que engloba a los rectores de las universidades nacionales, afirmó que, si no se otorga ese efecto suspensivo mañana, el Ejecutivo deberá comenzar a pagar; aunque la posición varía según la casa de estudios a la que se le consulte: los asesores legales de otras muy importantes creen lo opuesto.

La medida cautelar exige que la administración pública cumpla de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que refieren a la actualización de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre del 2025.