Cuatro días de protestas y disturbios pasaron que el presidente de Colombia, Iván Duque, retirara el proyecto de reforma tributaria del Congreso. Y afirmó que “de manera urgente constituirá un nuevo texto fruto de los consensos para evitar incertidumbre financiera”.
El Gobierno entendía que la reforma era necesaria para pagar las deudas adquiridas para el manejo de la pandemia, reducir el déficit fiscal y mantener el grado de inversión. Avanzada su aprobación, regiría desde enero de 2022.
La reforma triputaria propuesta por el Gobierno buscaba recaudar alrededor de 24 billones de pesos (6.400 millones de dólares) con medidas que afectan a la economía de los colombianos. Entre las más polémicas y criticadas por los manifestantes están: gravar con IVA del 19% los servicios públicos desde el estrato 4, gravar los servicios funerarios, otorgar autorización a las autoridades municipales para implementar peajes dentro de las ciudades capitales e incrementar al 43% el porcentaje de los productos de la canasta básica familiar que pagan IVA.