Los representantes eclesiásticos de la Región Patagónica se pronunciaron en torno al proyecto. Criticaron las limitaciones impuestas en las audiencias públicas y “la presión” que ejercen los grupos concentrados interesados en los recursos.   

Los obispos de la Región Patagónica fijaron posición con relación al discutido proyecto de Ley de Glaciares, que ya cumplió con las (escuetas) jornadas de audiencias públicas en el Congreso Nacional la semana pasada.

“No quieran sacarnos del lugar donde dejaron a la Argentina pidiéndonos que entreguemos lo poco que nos queda”, firmaron los representantes eclesiásticos en un comunicado difundido este lunes.

La nota se tituló: “La participación democrática amenazada…como los hielos y el agua”. En ese escrito, los obispos cuestionaron también la decisión del Gobierno de Javier Milei -a través de sus representantes en el Congreso- de limitar la participación ciudadana, reduciendo el número de oradores inscriptos para las audiencias públicas. Además de proponer solo cinco minutos por participante.

Sin mencionarlos, los representantes de la Iglesia señalaron a las grandes corporaciones que alientan el extractivismo en zonas protegidas. Justamente, la Ley de Glaciares que propone el Gobierno Nacional habilita la explotación de minerales en zonas amparadas por normativas, protegiendo el agua para consumo humano.

A ellos, refirieron que “despliegan presiones económicas, laborales e incluso afectivas; recurren a promesas y dádivas”. Y utilizan una metodología “atropelladora y abusiva” para concretar sus propósitos.

“Ninguno de ellos respira nuestro aire: están a miles de kilómetros; tampoco beben o se nutren del agua de nuestros ríos. Porque de eso se trata: del aire y del agua. Ambas valen más que el oro, la plata, el dinero o un pseudo progreso”, definieron desde la Iglesia. 

Con muchísima pena vimos el modo de resolver lo que debería ser la audiencia pública por la modificación de la Ley de Glaciares, convocada por la Cámara de Diputados de la Nación, la cual debería cumplir con lo exigido por distintos acuerdos e instancias legales que ya habían sido salteados por la Cámara de Senadores de la Nación.

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