Ahora, la oposición legislativa pidió informes para que aclare sus dichos, ya que antes de otorgar ese permiso deben cumplirse trámites administrativos que se habrían eludido.

El concejal peronista Juan Aguilar, del bloque unipersonal Somos Trelew, solicitó al Ejecutivo información -y su consecuente aclaración- respecto a las declaraciones del intendente, Gerardo Merino, referidas al servicio público de transporte de pasajeros prestado por “El 22”. Sucede que el mandatario municipal señaló en reiteradas oportunidades que ya fue firmado el contrato de concesión con la empresa, sin embargo, antes de ello deben cumplimentarse cuestiones administrativas de relevancia, que todavía no ocurrieron.

En la solicitud, el edil pidió se rectifique y ratifique “lo expresado por el intendente con referencia a la firma del contrato administrativo de concesión” del servicio urbano de pasajeros.

Esto es en función de que el 5 de marzo, el intendente dijo en el discurso de apertura de sesiones ordinarias que “se (había) finalizado el proceso licitatorio del servicio de transporte urbano de pasajeros, firmando el nuevo contrato de concesión con la empresa El 22”.

Ocurre que esa adjudicación antes mencionada “debe ser otorgada mediante ordenanza” autorizada por el Concejo Deliberante. Y “posteriormente” se debe rubricar la concesión del servicio.

Las declaraciones esgrimidas durante el acto institucional, transcurridos los días, fueron ratificadas. En distintos medios, el intendente señaló que “la empresa ahora dice ‘tengo un contrato por 10 años, entonces puedo hacer una inversión’. Hoy, como sabe la empresa que firmó un contrato de concesión y que lo va a tener durante diez años, puede cambiar la flota”.

Por lo antes expuesto, y teniendo en cuenta lo establecido en las cláusulas generales del pliego titulado: “Contrato. Firma”, no ingresó al legislativo ningún expediente vinculado al tratamiento de la adjudicación del transporte urbano de pasajeros, “por lo que se desprende lógicamente que no se procedió a otorgar dicha adjudicación”, advierte el pedido de informe presentado por Aguilar.

Por ello, ante lo señalado, “la Municipalidad no se encuentra en condiciones legales de proceder a la firma de contrato de concesión con el oferente presentado, pese a lo cual ya se habría realizado, de acuerdo con lo expresado por el intendente”, apela el texto.

La situación planteada “amerita una aclaración urgente” del Municipio, pidió Aguilar.

Y en efecto, “se adjunten copia fiel del dictamen de la Comisión de Preadjudicación, la resolución del Ejecutivo adjudicando el servicio y el contrato de concesión firmado”.

La Municipalidad, de acuerdo con lo solicitado, tiene 10 días para responder. Además de remitir copias al Tribunal de Cuentas.

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