La quinta Marcha Federal Universitaria se realizó este jueves frente al Congreso de la Nación, en Buenos Aires, con la participación de organizaciones sindicales, educativas, sociales y políticas. La jornada, convocada para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, terminó con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
Los incidentes se registraron en la intersección de las avenidas Rivadavia y Callao, donde un grupo de manifestantes arrojó piedras contra los efectivos policiales. En respuesta, las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y camiones hidrantes. Hacia las 19, la Policía de la Ciudad informó la detención de seis personas, entre ellas un adolescente de 14 años. También se reportaron heridos entre manifestantes y uniformados.
La movilización contó con el respaldo de la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos vertientes de la CTA, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), agrupaciones de izquierda y sectores de la Unión Cívica Radical y del peronismo. Las organizaciones convocantes advirtieron que las universidades públicas enfrentan serias dificultades para sostener sus actividades durante 2027.
En un documento conjunto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y CTERA, entre otras entidades, reclamaron la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario. Además, cuestionaron al Gobierno nacional por el incumplimiento de las normas y los fallos judiciales vinculados con los recursos destinados a las casas de altos estudios.
El texto también expresó preocupación por el proyecto de Presupuesto 2027, al que las organizaciones calificaron como insuficiente para garantizar el funcionamiento del sistema universitario. Según denunciaron, la iniciativa oficial contempla menos del 1% del producto bruto interno (PBI) y no incluye las partidas previstas en la ley. En contraposición, respaldaron la propuesta del CIN, que plantea un incremento del 33,4% respecto del proyecto del Ejecutivo.
Los representantes universitarios también alertaron sobre el deterioro de los salarios docentes y no docentes, el congelamiento de becas estudiantiles, la reducción de recursos para investigación y el éxodo de científicos. Asimismo, defendieron la gratuidad, la autonomía universitaria, el cogobierno y el ingreso irrestricto como pilares históricos de la educación pública argentina.
Por su parte, el Gobierno nacional repudió los incidentes registrados durante la movilización. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, acusó a los manifestantes involucrados de intentar generar caos y desafiar a las fuerzas de seguridad. En paralelo, las organizaciones convocantes reafirmaron que el financiamiento universitario resulta fundamental para garantizar la educación pública, el desarrollo científico y la movilidad social.
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