La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió provisoriamente las multas diarias de $100.000 impuestas al Gobierno por el presunto incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La sanción había sido dispuesta por el juez Martín Cormick contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
La decisión fue adoptada por la Sala III, que hizo lugar a una queja presentada por el Ministerio de Capital Humano y ordenó tramitar la apelación del Estado con efecto suspensivo. De esta manera, las multas quedan en pausa mientras se analiza el planteo del Gobierno.
La medida cautelar exige actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas y garantizar los fondos destinados a las becas estudiantiles, de acuerdo con lo establecido por la ley. Cormick había aplicado las astreintes tras considerar que el Ejecutivo no cumplió con la orden judicial dentro del plazo fijado.
En su presentación, el Gobierno sostuvo que la cautelar ya había sido cumplida y cuestionó la sanción económica. Los jueces consideraron que rechazar la apelación podía ocasionarle un perjuicio irreparable a la parte demandada, aunque aclararon que la decisión no implica pronunciarse sobre el cumplimiento efectivo de la medida.
El fallo no resuelve el fondo de la disputa ni declara inválida la Ley de Financiamiento Universitario. La controversia continuará en los tribunales, en el marco de la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional contra el decreto 759/2025, que condicionó la aplicación de la norma a la identificación de las fuentes de financiamiento por parte del Congreso.
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