El juez Martín Cormick concedió la apelación presentada por el Gobierno nacional contra el fallo que avaló la Ley de Financiamiento Universitario. El caso será revisado por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que deberá definir si confirma o revoca la resolución de primera instancia.
Pese a aceptar el recurso, el magistrado dispuso que continúe la ejecución de la medida cautelar vigente, que obliga al Ejecutivo a cumplir con la normativa. La resolución contempla la asignación de fondos para el funcionamiento de las universidades públicas, la recomposición salarial de docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles.
El Ministerio de Capital Humano había cuestionado el fallo al considerar que genera perjuicios concretos y de gravedad institucional, además de comprometer el equilibrio fiscal. En su presentación, el Gobierno sostuvo que la aplicación de la ley tendría un impacto presupuestario significativo.
Según los argumentos oficiales, la normativa no establece una fuente de financiamiento específica y suficiente para afrontar los gastos previstos. Las autoridades señalaron que la cobertura de esos compromisos mediante reasignaciones presupuestarias podría alcanzar el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado nacional.
El Gobierno también pidió que la Ley de Financiamiento Universitario sea interpretada en conjunto con las leyes 24.629, 24.156 y 27.798, vinculadas con la autorización y ejecución del gasto público. Mientras la Cámara analiza la apelación, la obligación de cumplir con la cautelar permanece vigente y el proceso judicial continúa.