El oficialismo consiguió este miércoles una nueva victoria en la Cámara de Diputados al aprobar la nueva Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa con la que el Gobierno busca ampliar el universo de contribuyentes que pueden acceder al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias.
El proyecto obtuvo 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones, y alcanzó así la media sanción. La aprobación se produjo horas después de que Diputados avanzara con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, lo que significó una segunda victoria consecutiva para el Gobierno.
La Libertad Avanza contó nuevamente con el respaldo de sus principales aliados legislativos, entre ellos el PRO, la UCR, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Independencia, el MID y Producción y Trabajo. En rechazo se pronunciaron Unión por la Patria, la izquierda y legisladores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.
La iniciativa modifica aspectos de la Ley 27.799 de Inocencia Fiscal y establece que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país podrán optar por el régimen simplificado, sin límites vinculados con sus ingresos o patrimonio. Hasta ahora, el beneficio alcanzaba a quienes tuvieran ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.
Además, el proyecto extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para acceder a los beneficios. Al mismo tiempo, mantiene las facultades de fiscalización de la ARCA sobre contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria.
Otro de los cambios centrales es la redefinición del concepto de “discrepancia significativa”, que permite a la ARCA impugnar una declaración jurada simplificada y revisar declaraciones del Impuesto a las Ganancias. La discrepancia se configurará cuando la impugnación implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado.
El proyecto también establece que quienes adhieran al régimen deberán realizar sus operaciones mediante el sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores. Entre los últimos cambios incorporados al dictamen se encuentra, además, una reducción del 25% en las multas por infracciones formales para las pequeñas y medianas empresas (pymes).