Dudas sobre los gastos de las tarjetas de Presidencia

En el último tiempo creció el Fondo Rotatorio. De acuerdo con documentación, aumento 141 en un año.

La Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, incrementó de manera significativa el Fondo Rotatorio destinado a gastos operativos de la Casa Rosada. Según documentación oficial, el monto pasó de $471 millones en 2025 a más de $1.135 millones en 2026.

La ampliación fue establecida mediante la Resolución 35/2026, firmada por la propia funcionaria. El incremento representa un aumento cercano al 141% en apenas un año y habilitas operaciones individuales de hasta $50 millones.

Dentro de la estructura administrativa vinculada al Fondo Rotatorio aparecen tarjetas corporativas y recargables asignadas a distintos funcionarios. Entre los nombres informados figuran Karina Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel y Eduardo “Lule” Menem.

La información fue entregada por Presidencia en respuesta a un pedido de acceso a la información pública. Sin embargo, el Gobierno solo difundió el listado de tarjetas vigentes y usuarios autorizados, sin detallar consumos, movimientos ni gastos realizados.

De acuerdo con los documentos oficiales, existen actualmente 140 tarjetas recargables, tres tarjetas corporativas de crédito y 62 usuarios activos en la plataforma de administración financiera utilizada por la Secretaría General.

La documentación también muestra que funcionarios responsables de la administración del Fondo Rotatorio aparecen vinculados al sistema de tarjetas corporativas. Entre ellos se encuentran Gabriela Winnik, Marcelo Luque Mariño y María Elisa Del Malvar.

Uno de los puntos más cuestionados es que el convenio con el Banco Nación contempla herramientas para consultar en línea consumos, comercios, transferencias y movimientos de cada tarjeta. Pese a ello, esa información no fue incorporada a la respuesta oficial.

Además, Presidencia reconoció la existencia de un sumario administrativo relacionado con el uso de tarjetas corporativas, aunque el expediente no fue entregado. La falta de acceso a los consumos y rendiciones mantiene abiertas las dudas sobre el manejo de una caja de más de $1.135 millones en la órbita de la Secretaría General.