Por supuestas irregularidades en el caso Alpesca-Red Chamber. Para el abogado de Trelew habría elementos que probarían distintos delitos. De avanzar la investigación, pidió constituirse como querellante. El abogado de Trelew, Federico Massoni, presentó ante el Ministerio Público Fiscal una denuncia penal contra el gobernador, Ignacio Torres, y el fiscal de Estado, Andrés Meiszner, por presuntos desmanejos financieros en el caso Alpesca-Red Chmaber. La denuncia, de avanzar la investigación, podría extenderse a todo aquel funcionario y/o partícipe que de la investigación surja responsabilidad penal. El abogado pidió, de avanzarla pesquisa, constituirse como querellante. Massoni solicitó ante la Justicia ordinaria que se investigue la posible comisión de delito contra la administración pública, a partir de la intervención estatal del Gobierno provincial sobre el conflicto con la pesquera. El núcleo de la denuncia expone que el Gobierno provincial impulsó “un modelo de acuerdo indemnizatorio financiado con fondos provinciales, dirigido a trabajadores que quedaron afuera de Red Chamber”. En el escrito, Massoni relató cronológicamente cada paso financiero-administrativo de las partes involucradas. Un acuerdo de pago suscripto entre el fiscal de Estado, Andrés Meiszner; el secretario de Trabajo, Nicolás Zárate; un representante del STIA y cada uno de los operarios de la pesquera. El acuerdo de aquel entonces consistió en un pago provincial “total, único y definitivo” en dos cuotas, cesión a la Provincia de los créditos del trabajador en el juicio de expropiación de Alpesca, y una renuncia amplia a reclamos presentes o futuros librando a Alpesca. FINANCIAMIENTO De acuerdo con el escrito presentado por el abogado de Trelew, la Provincia habría financiado con fondos provinciales la extinción de vínculos laborales e indemnizaciones correspondientes a trabajadores que quedaron fuera del circuito laboral tras el conflicto en la planta de Alpesca/Red Chamber. También se habría instrumentado esa extinción mediante acuerdos individuales con renuncias, liberación de responsabilidades y desistimientos. Esos pagos se habrían concretado mediante una ingeniería de cesión de créditos hacia la Provincia respecto del juicio de expropiación de Alpesca (condicionado el recupero a un proceso incierto) mientras en paralelo aparece públicamente referida una acusación gravísima, un presunto pedido de pago ilegal (B-money) atribuido a un alto funcionario provincial (actual fiscal de Estado) en el marco de disputa entre Red Chamber y el Gobierno, relatado por la propia empresa en un expediente judicial en los Estados Unidos. Ante ello, consideró el abogado, “sí se está utilizando el artículo 241 LCT como herramienta para cerrar un pasivo social y contractual en un conflicto donde la empresa privada no paga (o no paga íntegramente) y el Estado “tapa” el agujero con dinero público. El hecho dejó de ser político y se convierte en objeto penal cuando: se dispone del patrimonio público sin resguardo jurídico suficiente, se condiciona el recupero a un juicio incierto, se liberan responsabilidades de privados, y se buscan cierres masivos con denuncias amplias”. La presente denuncia se vincula con fondos públicos provinciales, decisiones administrativas provinciales y presuntas conductas funcionales de relevancia penal. En casos de posible afectación del patrimonio estatal y hechos de gravedad institucional, la obligación de investigar se torna reforzada: no hay “zona de no derecho” para los actos administrativos cuando asoman elementos típicos. Massoni interpretó que la conducta denunciada involucra la “eventual afectación del patrimonio del Estado provincial, es decir, de bienes cuya titularidad última corresponde a la comunidad toda, lo que otorga a cualquier ciudadano legitimación suficiente para poner en conocimiento de las autoridades competentes, hechos que hechos que pudieran revestir carácter delictivo. Según la presentación judicial, se reporta que mediante Decreto n.° 44 (12/01/2026) el gobernador habría otorgado un aporte de $33.500.000 al STIA para «asistir económicamente» a 67 trabajadores vinculados a Red Chamber/ex Alpesca, con pagos individuales de $500.000 y rendición ante el Tribunal de Cuentas. PEDIDO DE COIMAS También, surge de publicaciones periodísticas que citan un expediente judicial en los Estados Unidos (demanda presentada el 30/09/2025 ante Corte Federal del Distrito Central de California), que en el marco del litigio entre Red Chamber y Profand se describe una reunión en Buenos Aires donde, según la versión incluida en esa demanda, un funcionario provincial habría mencionado un pago ilegal de US$ 6,5 millones en «B-money» (transferencia no rastreable) a cambio de permitir continuidad operativa y adquisición de activos. PRESUNTOS DELITOS Para Massoni, podrían consumarse los delitos de administración infiel/administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles/conflicto de intereses y xohecho y/o exacciones ilegales. El abogado entendió que se representa un patrón de “degradación institucional”. Es decir, “cuando el Estado termina pagando lo que debe pagar un privado, y lo hace además con instrumentos que incluyen renuncias amplias y liberan responsabilidades presentes y futuras: se socializa el costo, se privatiza el beneficio, se licua la responsabilidad, y se manda un mensaje político tóxico: «Si sos grande y tenés poder, el Estado te rescata; si sos ciudadano común, pagás la cuenta». A todo eso, si se complementa una acusación pública referida a un expediente judicial extranjero que menciona un presunto pedido de coima, “el cuadro excede el ‘conflicto laboral’ y entra en el terreno del ‘escándalo republicano’: la sospecha razonable de que el dinero público y las decisiones administrativas pueden haber sido parte de un sistema de presiones, favores o retornos”. QUERELLANTE El abogado pidió, una vez iniciada la investigación, “el derecho de constituirme como querellantes”. En otros de los apartados, bregó porque el proceso “se desarrolle con la máxima transparencia y eficacia”. Navegación de entradas Dudas por una mujer designada chofer y custodio de Menna Habrían pagado 12 millones a una fiscal y a un abogado para acordar la reducción de una pena
