Existen disputas de conducción en el Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional de Polonia denunció un supuesto «golpe de Estado» en medio de una disputa por el control de la institución judicial, que derivó en protestas y episodios de violencia frente a su sede. El conflicto comenzó después de que la página web oficial del organismo anunciara que Anna Korwin-Piotrowska asumía la presidencia, mientras Bogdan Swieczkowski y el vicepresidente Bartlomiej Sochanski quedaban suspendidos de sus funciones. Sin embargo, el tribunal rechazó esos cambios y aseguró que sus autoridades legítimas siguen siendo Swieczkowski y Sochanski.
La controversia provocó la concentración de decenas de manifestantes frente a la sede judicial. Según la Policía, algunos participantes arrojaron objetos peligrosos contra los agentes y tres personas fueron detenidas tras saltar una valla e ingresar al terreno del edificio. Las fuerzas de seguridad aclararon que su intervención se limitó al exterior del recinto y que no ingresaron a las instalaciones del tribunal. También señalaron que habían recibido advertencias sobre posibles amenazas contra jueces y empleados.
En medio de la crisis, el presidente polaco, Karol Nawrocki, canceló su viaje oficial a Senegal y regresó a Varsovia. El mandatario justificó su decisión al afirmar que debía permanecer en el país ante la gravedad de los acontecimientos. A su llegada, se dirigió al Palacio Presidencial para reunirse con Swieczkowski y con el presidente del Tribunal Supremo, Zbigniew Kapinski. La situación también generó fuertes críticas del ex primer ministro Mateusz Morawiecki, quien cuestionó la suspensión de las autoridades judiciales y pidió al actual jefe de Gobierno, Donald Tusk, retirar a la Policía del lugar.
El expresidente Andrzej Duda también responsabilizó al Gobierno de Tusk por el conflicto y calificó la situación como una «gran manipulación jurídica». Según su interpretación, la crisis se originó en la demora parlamentaria para cubrir las vacantes de jueces del Tribunal Constitucional. Por su parte, el abogado Marcin Matczak puso en duda la legalidad de la decisión de Korwin-Piotrowska, al considerar que su facultad para reemplazar al presidente del organismo solo podría ejercerse ante una imposibilidad efectiva de este último para cumplir sus funciones.
De esta manera, Polonia atraviesa una nueva escalada de tensiones entre las autoridades gubernamentales y sectores del sistema judicial por la composición y conducción del Tribunal Constitucional. Mientras las partes enfrentadas sostienen interpretaciones opuestas sobre la legalidad de las decisiones adoptadas, las protestas y el despliegue policial mantienen la atención sobre una disputa institucional cuyo desenlace todavía es incierto.