La presidenta registra una aprobación del 35,6%, en medio de la inseguridad, reclamos sindicales y dificultades económicas.
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, enfrenta un retroceso en su popularidad a menos de 100 días de haber asumido el Gobierno. Según el informe de Sputnik, al menos tres encuestadoras registraron una caída en su respaldo, mientras el sondeo más reciente ubica su aprobación en el 35,6%. Las protestas se extendieron por Lima, Arequipa, Cusco y otras regiones del país.
El descontento ciudadano está vinculado con la inseguridad, el aumento del costo de vida y la falta de respuestas ante los fenómenos climáticos. El analista Sandro Macassi sostiene que la imagen digital que Fujimori buscó construir al inicio de su gestión perdió fuerza, mientras que las contradicciones dentro del oficialismo dificultan la consolidación de una estrategia de Gobierno.
La criminalidad continúa entre los principales desafíos de la administración peruana. Entre el 28 de julio y el 12 de octubre se registraron 392 asesinatos, además de miles de denuncias por extorsión y cientos por secuestro. Aunque el Ejecutivo anunció un comando conjunto de policías y militares y obtuvo facultades legislativas en materia de seguridad, especialistas cuestionan la falta de reformas estructurales en la Policía Nacional.
A las dificultades en seguridad se suman cuestionamientos a la política exterior, el encarecimiento de los productos y los riesgos asociados al fenómeno El Niño. Si bien el Gobierno anunció medidas económicas y un paquete de aproximadamente 5.230 millones de dólares para subsidios, créditos e infraestructura en 2027, los efectos de estas iniciativas todavía no compensan las preocupaciones de amplios sectores de la población.
El malestar también alcanza al ámbito educativo: el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) anunció un paro nacional para el 29 de octubre, con reclamos salariales y presupuestarios. En este escenario, la caída de la aprobación presidencial plantea interrogantes sobre la capacidad del Gobierno para responder a las demandas sociales y recuperar la confianza ciudadana.
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