Versiones irrefutables indicaron a CINCO CLAVES que el Gobierno provincial estaría reuniendo avales para los candidatos de la lista Azul que disputarán las vocalías por los activos y pasivos en el directorio del Instituto de Seguridad Social y Seguros.
“Hay una bajada de línea del Ejecutivo para juntar avales para la lista Azul” que propone como candidata a Paola Etcheberry por los activos, comentó alguien que monitorea de cerca el proceso electoral. La nómina es la que acompaña como apoderado el secretario General de UPCN, Christian Salazar, brazo ejecutor de las manifestaciones mediáticas gremiales que ordena el gobernador Ignacio Torres contra sectores díscolos.
Un dato que no pasó desapercibido es que habría agentes de la Policía apiñando avales para la nómina preferida del Gobierno en las elecciones del ISSyS. Una situación que deja en desventaja al resto de los postulantes que no disponen de recursos para el armado estratégico electoral.
De comprobarse lo antes indicado, sería un acto irresponsable del Gobierno, ya que esos uniformados deberían estar en la calle, afectados a las tareas preventivas. “Tiene que estar cuidando al vecino, no juntando avales para una lista que participará en las elecciones en el ISSyS”, relató la misma fuente.
Al menos, quienes van a competir en las elecciones saben quiénes son aquellos que responden al Gobierno. Y si el afiliado verdaderamente quiere un cambio, reconocerá con facilidad que esa opción es la que mantendrá el hermetismo respecto al cuestionado manejo de la caja. Es decir, si el votante exige transparencia, sabrá que esa lista no lo garantiza.
La orden oficial también alcanza a los intendentes. En el caso del municipio de Trelew, por ejemplo, ya se cursaron mensajes a los empleados para que voten por la lista Azul. Lógicamente, el afiliado tiene el derecho del voto reservado, una herramienta noble que permite una rebelión -bien entendida- contra el autoritarismo que se presume inderrocable.
Más allá de lo apuntado, las nóminas restantes deben eludir otro estorbo: la Junta Electoral; ese órgano que estaría compuesto por funcionarios del Ejecutivo y afiliados a UPCN. Todo armado para direccionar una elección que debería pregonar la sana participación del afiliado.
Es que se trata de elegir vocales para controlar las finanzas de la obra social estatal, que actúen con criterio y no en complicidad del Gobierno, como sucede desde hace varios años. El instituto debe transmitir transparencia y tener la capacidad de respuesta al estatal, que todos los meses aporta para tener un servicio de calidad.