La Justicia de Chubut inició el juicio oral y público contra Guillermo Quiroga, secretario General de la conducción de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en la provincia, acusado de administración fraudulenta. La Fiscalía sostiene que transfirió $22.765.769 a sus cuentas bancarias personales entre agosto de 2019 y mayo de 2023, con fondos provenientes del patrimonio sindical.
El debate comenzó este lunes en la Oficina Judicial de Rawson, luego de que la jueza Karina Breckle resolviera los planteos previos de la defensa y declarara abierto el proceso. La acusación encuadra los hechos en el artículo 173, inciso 7°, del Código Penal, que contempla el delito de administración fraudulenta.
Según el fiscal general jefe Lucas Agustín Papini, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFE-DAP), Quiroga asumió la administración de los recursos del gremio en agosto de 2019, cuando fue elegido secretario general. La investigación apunta a transferencias hacia cuentas personales en los bancos Galicia, BBVA y del Chubut, además de movimientos de dinero hacia cuentas de sus tres hijos.
Durante el alegato de apertura, la Fiscalía afirmó que parte de los fondos se habrían destinado al pago de tarjetas de crédito personales, compras con tarjeta de débito, adquisición de bienes muebles, membresías en asociaciones deportivas y pasajes al exterior. Para respaldar la hipótesis, se presentarán documentos, testimonios y una pericia contable sobre la evolución patrimonial del acusado.
El informe contable citado por la acusación determinó que los ingresos legítimos de Quiroga durante el período investigado rondaron los $13.325.936,33, mientras que sus egresos totales alcanzaron los $30.338.917,90. Para la Fiscalía, la diferencia se corresponde con el dinero sindical que ingresó en sus cuentas personales.
Papini anticipó que la defensa podría argumentar que las transferencias respondieron a compensaciones, gastos de representación o reintegros. Sin embargo, sostuvo que Quiroga no percibía sueldo, viáticos ni compensaciones por parte del gremio y que conservaba su salario como empleado del Ministerio de Salud. También señaló que el artículo 32 del Estatuto de ATE exige rendir cuentas de los gastos, obligación que, según la acusación, no habría cumplido.
La Fiscalía considera que el presunto perjuicio económico supera los $22 millones y que los movimientos investigados habrían generado un beneficio para Quiroga y sus hijos. La administración fraudulenta se configura cuando quien tiene a su cargo bienes ajenos incumple sus deberes de administración y provoca un perjuicio patrimonial o procura un beneficio indebido. La responsabilidad penal del acusado deberá determinarse a partir de las pruebas producidas durante el juicio.
Tras los alegatos iniciales, comenzó la etapa de declaraciones testimoniales ofrecidas por la Fiscalía. El proceso continuará con la recepción de testimonios y el análisis de la documentación y las pericias incorporadas al debate. Al finalizar la producción de la prueba, la acusación solicitará que Quiroga sea declarado penalmente responsable, mientras que la decisión final quedará en manos de la Justicia.
Foto: Ministerio Público Fiscal.