Una asociación ilícita de Rosario (Santa Fe), acusada de estafar al fisco en casi 250 millones de pesos con la producción y venta de «facturas truchas», fue condenada con penas de entre dos y siete años y medio de prisión.
La banda fue detectada y denunciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y operó en 2015 y 2016.
De acuerdo a la investigación, junto a los organizadores operaba un grupo encargado de “vender” las facturas de sociedades o empresas ficticias, que eran inscriptas ante la AFIP a través de personas insolventes o de escasos recursos económicos.
Entre los condenados por el Tribunal Oral Federal 3 de Rosario hay dos contadores públicos que también fueron inhabilitados para ejercer la profesión.
De los 16 imputados condenados, 7 cumplirán penas de ejecución condicional, por lo que seguirán en libertad, pero el resto deberá hacerlo de modo efectivo.
Luego de 2 años de investigación, la Policía Federal Argentina desarticuló una organización criminal que se dedicaba a estafar a personas mediante diferentes métodos que les permitió acumular, según las primeras pericias, 200 millones de pesos.
Los estafadores, mediante el uso de bases y la adulteración de datos informáticos que extraían de manera ilegal de determinadas empresas, identificaban a personas que poseían algún tipo de deuda monetaria. Establecida la identidad de los deudores, la organización les ofrecía, mediante engaños convincentes (como alterar de manera casi imperceptible el correo electrónico de la empresa acreedora), formas de pago para saldar sus compromisos con descuentos respecto del monto total.
Al ofrecerles estos modos de condonación, brindarles un número de cuenta bancaria y haciéndose pasar por sus acreedores, la organización lograba hacerse del dinero de sus víctimas, quienes creían estar pagando sus deudas. Como consecuencia de ello, las personas engañadas, además de continuar con sus deudas originales, perdían el monto que habían depositado.
La investigación permitió comprender una segunda forma de estafa que llevaba a cabo el mismo grupo, denominada “Estafa del Soldado Americano”. La misma se iniciaba a partir de entablar un vínculo de confianza mediante contactos digitales entre el estafador y la futura víctima.
El victimario, que se presentaba como un extranjero que realizaba alguna misión fuera del país, sostenía la relación durante largo tiempo hasta convencer a la otra persona de que, debido a su actividad en el extranjero, se veía imposibilitado de retirar de la aduana encomiendas que, según explicaba, le habían llegado a la Argentina.
Debido a ello, el miembro de la organización le solicitaba que fuera a la aduana después de hacer un depósito en una cuenta bancaria para poder hacerse de la aludida encomienda. De este modo, la víctima, creyendo estar colaborando con la necesidad de su interlocutor, depositaba dinero en cuentas bancarias ajenas para personas apócrifas.
Las cuentas que recibían el dinero estaban a nombre de otras personas que, formando el eslabón más bajo de la organización criminal, prestaban sus datos y cuentas a cambio de un porcentaje menor de aquello que se estaba robando. Finalmente, la organización extraía el grueso del dinero y, a través de una compañía de servicios financieros, enviaban lo robado hacia el exterior. De ahí que la PFA llegara a determinar la dimensión transnacional de la organización, cuya ramificación alcanza a varios países.
Una vez que la PFA, mediante esta exhaustiva investigación, logró acumular las pruebas necesarias, se iniciaron los operativos que permitieron la detención de 15 involucrados, entre quienes se encuentra el líder de la banda. Siguiendo las indicaciones del Poder Judicial se realizaron allanamientos en barrios de clase media y media alta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Entre Ríos, en la provincia de Buenos Aires y en San Luis.
Tras 23 allanamientos, a los 15 miembros de la organización se les secuestraron 46 teléfonos celulares, 14 notebooks, pendrives, discos rígidos con información sustancial para la causa, elementos de almacenamiento digital, tarjetas de crédito y débito, documentación bancaria de interés, gran cantidad de dinero en efectivo de diferentes denominaciones, dos autos y una motocicleta.
El Juzgado Federal de Morón analiza varios hechos que se desprenden de la investigación de la causa que se abrió, tras el intento de ataque a la unidad militar de la Fuerza Aérea en Moreno, Buenos Aires, el fin de semana.
Uno de los episodios que despierta dudas en la justicia es la demora que se tomó el oficial de guardia para radicar la denuncia tras lo ocurrido. Transcurrieron 15 horas hasta que se efectivizó la presentación en la Comisaría 4ª de Moreno.
De acuerdo a la información recabada, el personal encargado de la custodia de la Sala de Armas del Aeródromo “Mariano Moreno” escuchó una explosión y observó la fuga de un desconocido, alrededor de las 5 am del domingo 30 de agosto.
Instantes después, otro de los puestos de guardia, apostado en un sector cercano, avista a un individuo, quien también huye.
Previo a lo relatado, se escucharon detonaciones para desviar la atención del personal de consigna en la Sala de Armas.
Hasta el momento, existen dudas si la persona que huyó es la misma. Cierto es que la denuncia recién se radicó minutos después de las 20. Por esta acción, la Justicia Federal no descarta que el oficial de guardia haya incurrido en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, al no dar a conocer el ilícito inmediatamente.
También existen otros factores a considerar. Según la información a la que accedió Cinco Claves, en los últimos días, la VII Brigada Aérea –que opera con helicópteros-, recibió un refuerzo de material bélico liviano -fusiles, FAL calibre 7,62 y pistolas-, para custodiar el acto eleccionario del 12 de septiembre.
Otra consideración es que zona lindante a la base aérea está usurpada, y es usual que desconocidos ingresen al predio militar y que dañen las instalaciones. De hecho se registraron robo de elementos electrónicos para el control del tráfico aéreo, aunque no solo ocurre en Moreno, también en Morón y El Palomar.
Más de 70 toneladas de maíz fueron decomizadas en 48 horas en Corrientes por parte de Gendarmería Nacional.
En el primero de los procedimientos, durante un control en Colonia Liebig el viernes, personal de la fuerza de seguridad detectó inconsistencias en la documentación con la que un transportista trasladaba maíz en un camión con acoplado.
Realizadas las consultas, se pudo averiguar que la empresa a la que pretendidamente se le iba a entregar la mercadería desconocía por completo la transacción, ya que ni siquiera se dedica a comercializar maíz. En consecuencia, y siguiendo indicación de las autoridades judiciales, se decomisaron vehículo y carga, que ascendió a más de 42 toneladas.
Un día después, en elparaje Cuay Grande, Santo Tomé, Gendarmería constató que la documentación que portaba el conductor de un camión presentaba inconsistencias, en cuanto al peso y al itinerario transitado en relación con el destino final declarado. Realizada la consulta a las autoridades judiciales,se decomisó el camión y las 30 toneladas de maíz.
Con la asistencia del perro antinarcóticos “Cosmo”, personal de Gendarmería Nacional detuvo a una persona con 84 kilos de cocaína en el interior del vehículo en el que se trasladaba.
La droga, distribuida en 90 paquetes rectangulares, iba oculta en un compartimiento “tipo doble fondo” del guardabarros trasero del rodado.
A raíz de esta situación, se efectuó el posterior registro de cuatro inmuebles ubicados en San Ramón de la Nueva Orán (Salta), donde los uniformados incautaron otros dos rodados, marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares y mercadería del rubro «tienda», entre otros elementos.
Además, se efectuaron tres allanamientos en Concepción (Tucumán), donde se decomisaron semillas y plantas de marihuana, un vehículo, una balanza de precisión digital, un picador de estupefaciente, computadoras y documentación de interés para la causa.
Efectivos de Gendarmería Nacional detectaron entre la maleza cerca del arroyo Aguaray y Mini, en Colonia Mado (Misiones), 371 paquetes de marihuana, con un peso de 335 kilos con 998 gramos.
Sobre la costa del río Paraná, los gendarmes desplegaron tareas de rastrillaje por unas huellas nuevas de ramas caídas y torcidas, logrando hallar 11 bultos envueltos en nylon de color negro, dispersos en distintas partes del terreno y disimulados en la vegetación.
A simple vista notan que contienen paquetes rectangulares similares a los utilizados para el traslado de estupefacientes.
Inmediatamente en coordinación con el Juzgado Federal de Eldorado se aseguró la zona y ante testigos comenzaron el traslado del cargamento hasta la unidad de Gendarmería. Lugar donde se pudo concretar el pesaje de los 371 paquetes que arrojaron resultado positivo para marihuana con un peso total de 335 kilos 988 gramos.
La Policía Federal Argentina desarticuló a una organización criminal dedicada al contrabando y comercialización de teléfonos celulares y accesorios afines. El operativo culminó con 12 detenidos y más de 50 millones de pesos en mercadería secuestrada, tras 37 allanamientos realizados en Misiones y en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires.
El personal de la Unidad Federal de Investigación de Delitos Federales de la Fuerza desarrolló exhaustivas tareas de investigación criminal tras un exitoso operativo que la Gendarmería Nacional había realizado en el kilómetro 85 de la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del peaje Zárate Brazo Largo sentido a Buenos Aires. Allí, las y los gendarmes inspeccionaron la carga de un camión con semirremolque, proveniente de Ituzaingó – Corrientes – con destino final Dock Sud – provincia de Buenos Aires –. Dentro de éste, los y las uniformadas lograron detectar tres bolsos camuflados.
En ese momento, las y los miembros de la GNA revisaron el interior de los bultos y hallaron 90 teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos valuados en 2.700.000 pesos. Ante dicho evento, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del Dr. González Charvay, dispuso que el conductor del camión quedara detenido y fuera la Policía Federal la encargada de los siguientes pasos de la investigación de modo de llegar a los demás involucrados que, se sospechaba, constituían parte de una organización dedicada al contrabando de teléfonos celulares.
A partir de las pautas de investigación que la ministra Sabina Frederic y el jefe de la PFA, Juan Carlos Hernández, han dado para profesionalizar cada vez más el trabajo de pesquisa y lograr así resultados que permitan llegar a la cúpula de las organizaciones criminales, las y los investigadores fueron recolectando información crucial para dilucidar la conformación de la banda y su modus operandi. Precisamente, con lo recolectado de las intervenciones telefónicas autorizadas por el juzgado, los seguimientos, filmaciones y demás tareas de inteligencia criminal, se identificó el accionar de la organización delictiva dedicada al contrabando de mercadería y su posterior comercialización.
Su modus operandi: ingresaban los productos a través de pasos fronterizos informales en Misiones y luego vendían los teléfonos celulares, repuestos y accesorios en la ciudad y provincia de Buenos Aires. Establecida este modo de actuación, el magistrado actuante dispuso el inmediato allanamiento de 37 domicilios (19 en CABA, 15 en PBA y tres en Misiones), lo que derivó en la detención de 11 personas más (además del detenido por la GNA) y la incautación de 1.175 teléfonos celulares, 10 autos, 3.800 repuestos, 12.000 dólares, 1.200.000 pesos, 660 euros y más divisas de diferentes orígenes, máquinas para contar dinero, 120 parlantes, una máquina para desbloquear equipos y una enorme cantidad de documentación, que será de vital importancia para la causa.
Una persona que viajaba en un camión fue demorada, luego de que Gendarmería Nacional le secuestrara dinero y un arma de fuego en el kilómetro 1.286 de la Ruta Nacional N° 11.
El rodado de gran porte se dirigía desde Asunción (Paraguay), con destino a Salvador Mazza (Salta).
Al momento de la inspección, los funcionarios descubrieron que el acompañante poseía una pistola calibre 9 mm dentro de una riñonera. Además, dos cargadores y 29 municiones.
Siguiendo con el registro, los gendarmes hallaron una mochila que contenía billetes con una suma total de 50 mil dólares estadounidenses.
El Juzgado Federal Nº1 de Formosa dispuso el decomiso del dinero de moneda extranjera y del arma .
En un amplio operativo que concretó Gendarmería Nacional, con vinculación de las provincias de Formosa y Salta y el partido bonaerense de La Matanza, se secuestraron 21 kilos de cocaína y se procedió a la detención de tres personas vinculadas a su comercialización.
El procedimiento comenzó en un operativo en el RN N°81 en Formosa, cuando los efectivos dependientes del Escuadrón 19, procedieron a controlar un vehículo Citroen C3 Aircross.
Con el apoyo de perros antinarcóticos detectaron drogas en el piso del rodado. Y mediante una inspección profunda detectaron un doble fondo, desde el cual se extrajeron 20 paquetes rectangulares que contenían 21 kilos de cocaína.
La investigación incluyó tres allanamientos en la provincia de Salta y otro en La Matanza, donde secuestraron dos automoviles, una moto, aparatos telefónicos, 200 dólares estadounidenses y 40.120 pesos, una carabina y una escopeta calibre 22 mm, y documentación de interés.
El Tribunal Oral Federal (TOF) 3 condenó con penas de entre 7 y 17 años de prisión a 10 hombres -entre ellos 3 exmiembros de fuerzas de seguridad-, por el denominado “Operativo Sapucay”, mediante el cual en 2017 se desbarató una banda dedicada al narcotráfico internacional que operaba desde la ciudad correntina de Itatí.
En el juicio también fueron absueltas 2 acusadas. La pena más alta recayó sobre Carlos Alberto Bareiro, un preso que lideraba las maniobras desde la cárcel.
Por videoconferencia, el tribunal fijó para el 7 de octubre próximo la difusión de los fundamentos de la sentencia.
La “Operación Sapucay” derivó de una serie de procedimientos contra la venta de droga en Buenos Aires y a través de escuchas telefónicas y otras evidencias se rastreó a la banda hasta Itatí. Los hechos ocurrieron entre 2014 y 2017.
De acuerdo con la acusación, la droga era transportada por vía fluvial desde Paraguay e ingresaba al país a través de Itatí. Luego se comercializaba en barrios de emergencia porteños y en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Catamarca. Según se estableció en la causa, se llegaron a transportar hasta 700 kilos de marihuana.
