Serán dos audiencias públicas. Una presencial, el miércoles 25. Y otra virtual, el jueves 26. La Cámara de Diputados realizará el miércoles y jueves dos audiencias públicas sobre la reforma de la ley de Glaciares, en un trámite que La Libertad Avanza (LLA) limitó a 400 de los 100 mil expositores anotados en medio de los reclamos de la oposición para ampliar la cantidad de participantes y de las organizaciones ambientalistas. Las audiencias se efectuarán en dos jornadas: una presencial el miércoles 25 y otra virtual el 26, que no estarán exentas de conflictos ya que, además de restringir la cantidad de oradores, se estableció que podrán concurrir solo los 66 diputados de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, y dos asesores. También está pendiente lo que sucederá con la medida cautelar presentada ante la Justicia por la organización ambientalista Greenpeace para que el Congreso garantice la participación “oral”, puede ser presencial o virtual, de los 100 mil inscriptos, y que recayó en el juzgado de Enrique V. Lavié Pico. Si el juez ordena garantizar la participación de los 100 mil inscriptos, las audiencias tendrían que extenderse por 500 días aproximadamente si exponen 200 en cada jornada. El proyecto genera rechazo en un sector de la oposición y su sanción es reclamada por un grupo de gobernadores aliados para flexibilizar las restricciones vigentes para captar inversiones millonarias en megaminería e hidrocarburos, y que despierta preocupación en las organizaciones ambientalistas. PROYECTO El proyecto de reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales. El proyecto busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciales, con el fin de que se autorice el desarrollo de actividades económicas siempre y cuando estén aprobadas por evaluación de impacto ambiental. Además, la iniciativa transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central. Navegación de entradas Flybondi abrió retiros voluntarios Ni Milei ni Quirno “tienen sana conciencia”
