El episodio habría ocurrido durante el gobierno de Alberto Fernández. La Justicia investiga el circuito financiero.
Un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), incorporado a una causa federal, confirmó que más de US$500 millones fueron retirados por ventanilla por casas de cambio durante el gobierno de Alberto Fernández. La investigación busca determinar el destino de las divisas y reconstruir su recorrido fuera del sistema bancario formal.
La operatoria bajo sospecha involucra a bancos y agencias cambiarias vinculadas a Elías Piccirillo, Francisco Hauque y Martín Migueles. La Justicia intenta establecer cuántos dólares oficiales recibió cada entidad bancaria, a qué casas de cambio fueron vendidos y qué hicieron estas firmas con el dinero una vez que lo retiraron en efectivo.
Uno de los movimientos detectados corresponde a una casa de cambio que habría comprado US$180 millones a entidades bancarias y retirado las divisas por ventanilla entre el 31 de enero y el 7 de febrero de 2023. Después de esa operación, se perdió la trazabilidad bancaria de los fondos. Los bancos consultados sostuvieron que operaban con casas de cambio autorizadas por el Banco Central y deslindaron responsabilidades sobre el destino posterior del dinero.
Otro expediente analiza las operaciones de Concordia Inversiones SRL, que transfirió US$9,8 millones a 53 personas entre febrero y abril de 2023 bajo el concepto de supuestos préstamos. Según la documentación incorporada a la investigación, los beneficiarios retiraban inmediatamente el dinero en efectivo, lo que dificultaba reconstruir el recorrido de las divisas. La firma aparece vinculada a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, y a su madre.
En paralelo, el Banco Central dispuso excluir a Sur Finanzas del Registro de Proveedores de Servicios de Pago mediante la resolución 372/2026. Entre los motivos mencionados figuran la falta de actividad de la billetera virtual, la pérdida de respaldo bancario, irregularidades en la presentación de información obligatoria y la imposibilidad de comprobar la devolución de todos los fondos de sus clientes. La empresa está bajo investigación por presunto lavado de dinero, evasión tributaria y asociación ilícita.
La resolución también señala que Sur Finanzas dejó de presentar información obligatoria desde julio de 2025 y que sus declaraciones juradas de septiembre de 2026 indicaban que no había registrado actividad durante el período informado. Ahora, la investigación judicial busca determinar el destino final de los más de US$500 millones retirados durante el cepo cambiario y establecer si existieron irregularidades en las operaciones financieras.
Foto: Luis Robayo/AFP.