El dirigente de ATE acusó al Gobierno de utilizar los recursos y medios de comunicación a fines para “atacarme y desacreditarme”. También dijo que el Ejecuto “pretende servirse de sectores del aparato judicial para investigar y neutralizar a quienes no aceptamos subordinarnos”.
El referente de ATE Chubut, Guillermo Quiroga -que actualmente atraviesa un juicio en el que es acusado de administración fraudulenta contra el sindicato que conduce- cuestionó el manejo tendencioso e incisivo del proceso judicial que enfrenta, a través del vasto instrumento mediático del Gobierno provincial.
Apuntó al uso de los “recursos” del Estado para “atacarme y desacreditarme”, incluso instalando “sospechas” con el propósito de “manipular a la opinión pública” mediante determinados medios de comunicación.
“El Ejecutivo, a través de su aparato propagandístico, trata de desgastar e intimidar” y “pretende servirse de sectores del aparato judicial” para “investigar y neutralizar” a quienes “no aceptamos subordinarnos a los intereses del poder de turno”.
Quiroga, sin medias tintas, advirtió a los funcionarios del Gobierno que “los cargos son circunstanciales y las investiduras tienen vencimiento”, por lo que “a estos soberbios que se creen propietarios del Estado, decimos que no podrán quebrar la voluntad de quienes hemos elegido mantenernos firmes sin importar las consecuencias”.
“La dignidad no se negocia”, enfatizó el referente del sindicato estatal.
EL COMUNICADO COMPLETO QUE EMITIÓ QUIROGA DESDE SUS REDES SOCIALES
PODRÁN INTENTAR SILENCIARNOS, PERO JAMÁS DOBLEGARNOS.
El Gobierno podrá destinar recursos a determinados medios de comunicación para atacarme, desacreditarme, y construir relatos destinados a desviar la atención pública de los graves cuestionamientos que pesan sobre su gestión. Podrá intentar instalar sospechas, manipular la opinión pública y convertir la difamación en una herramienta de disciplinamiento contra quienes nos negamos a guardar silencio.
También podrá pretender servirse de sectores del aparato judicial, colocando funcionarios afines en posiciones estratégicas para investigar, perseguir, neutralizar y condicionar el accionar de dirigentes políticos y sindicales que no aceptamos subordinarnos a los intereses del poder de turno.
Cuando la Justicia deja de actuar con independencia y se transforma en un instrumento de presión sobre quienes ejercen la representación política, social o gremial, no solamente se vulneran derechos individuales: se debilitan las instituciones democráticas y se pone en riesgo la libertad de todos.
El Ejecutivo a través de su aparato propagandístico, trata de desgastar, intimidar y apartar del escenario público a quienes resultamos incómodos para los intereses del oficialismo.
Podrán apelar a las presiones, las amenazas, las maniobras de desprestigio y a cuantos mecanismos de condicionamiento crean necesarios. Incluso podrán encontrar funcionarios obsecuentes, siempre dispuestos a interpretar los deseos del «supremo» como si fueran órdenes incuestionables.
Sin embargo, suelen olvidar una verdad elemental de la vida democrática: los cargos son circunstanciales, las investiduras tienen vencimiento y ningún gobernante es dueño de las instituciones ni de la voluntad de los ciudadanos.
A esos soberbios que se sienten propietarios del Estado desde la Asociación Trabajadores del Estado le decimos que hay algo que nunca podrán conseguir: quebrar la voluntad de quienes hemos elegido mantenernos firmes sin importar las consecuencias, sostener nuestras decisiones y enfrentar la adversidad sin renunciar a la defensa de los derechos de los trabajadores
Y hay algo más que ningún gobierno debería olvidar: la voluntad popular no se compra, no se extorsiona ni se decreta desde un despacho oficial. Y por último la dignidad no se negocia. Los derechos no se resignan. Y la decisión soberana del pueblo se impone.