El Gobierno de Panamá declaró el estado de emergencia nacional tras el terremoto que sacudió al país el viernes y anunció la movilización de US$ 100 millones para asistir a los damnificados y reparar la infraestructura dañada. El sismo dejó 27 personas heridas, aunque no se reportaron víctimas fatales.
La medida fue aprobada por el Consejo de Gabinete por instrucción del presidente José Raúl Mulino, luego de evaluar los informes del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). Los fondos serán destinados a la asistencia humanitaria, las reparaciones urgentes y la recuperación de las comunidades más afectadas.
El balance oficial confirmó daños en 419 establecimientos educativos, 21 centros de salud y más de 426 viviendas. Las autoridades continúan con las inspecciones para determinar la magnitud de los perjuicios y establecer qué edificios reúnen las condiciones de seguridad necesarias para volver a funcionar.
El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, señaló que la prioridad del Ejecutivo es garantizar la asistencia a las familias damnificadas y coordinar una respuesta integral. Para agilizar las tareas, Mulino ordenó a los integrantes de su gabinete permanecer activos en las zonas afectadas y disponer de los recursos de sus respectivas instituciones.
Como parte del operativo, el Gobierno creó una comisión de alto nivel para coordinar la ayuda humanitaria, gestionar donaciones y planificar las obras de reconstrucción. Además, habilitó el Parque Omar, en la capital panameña, como centro de acopio de alimentos, agua y artículos de primera necesidad.
El sector educativo figura entre los más afectados por el terremoto. El Ministerio de Educación suspendió las clases y las actividades administrativas en las escuelas públicas como medida preventiva. Las autoridades anunciarán este domingo si las actividades académicas podrán reanudarse el lunes 12 de octubre, según los resultados de las evaluaciones estructurales.
Las provincias de Herrera, Los Santos y Veraguas concentran una parte importante de los daños, aunque también se registraron afectaciones en Chiriquí, Bocas del Toro, Panamá y las comarcas Ngäbe-Buglé y Emberá. En la isla de Cañas, unas 300 personas fueron evacuadas preventivamente por el aumento del nivel del agua asociado al evento sísmico y permanecen bajo resguardo.
El operativo de respuesta incluye el despliegue de 419 efectivos del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), además de brigadas que distribuyen alimentos, agua y medicamentos. También se brinda asistencia sanitaria y apoyo psicológico, junto con medidas de accesibilidad para facilitar la comunicación con personas con discapacidad auditiva.