La solicitud fue presentada por la diputada Frade. Los préstamos, dirigidos a funcionarios y legisladores de LLA, van desde los 100 hasta los 500 millones de pesos.

La diputada nacional Mónica Frade, de la Coalición Cívica, presentó una denuncia penal para que se investiguen presuntas irregularidades en el otorgamiento de créditos millonarios por parte del Banco Nación a funcionarios y legisladores vinculados al oficialismo. La presentación solicita determinar si existieron conflictos de intereses o beneficios indebidos.

Según la denuncia, varios funcionarios habrían accedido a préstamos que van desde los 100 hasta los 500 millones de pesos. Entre los mencionados figuran Juan Pablo Carreira, Pedro Inchauspe, Felipe Núñez, Federico Furiase y Emiliano Mongilardi, junto a legisladores libertarios como Mariano Campero, Lorena Villaverde y Alejandro Bongiovanni.

En su presentación judicial, Frade pidió acceder a los legajos crediticios completos, las actas de directorio que aprobaron las operaciones y un análisis pericial para determinar si hubo perjuicios económicos para el Banco Nación. Además, solicitó que se investigue si existieron condiciones preferenciales en tasas, plazos o requisitos.

La diputada también requirió que se analice si hubo violaciones a la Carta Orgánica del banco o a los manuales de procedimiento para créditos, así como posibles vínculos jerárquicos entre quienes otorgaron los préstamos y los beneficiarios. La denuncia se basa en información difundida en distintos medios de comunicación en los últimos días.

Por su parte, los diputados Campero y Bongiovanni rechazaron las acusaciones. Campero calificó la denuncia como “maliciosa” y aseguró que el crédito obtenido corresponde a una línea hipotecaria en UVAs доступible a cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos. Explicó que utilizó el préstamo para adquirir su vivienda familiar.

En la misma línea, Bongiovanni negó haber recibido condiciones preferenciales y sostuvo que accedió a un crédito en igualdad de condiciones que otros clientes del banco. Ambos legisladores remarcaron que la documentación es pública y verificable, y defendieron la transparencia del proceso.

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