Fue sancionada con 71 votos. La norma mantiene pensiones, prestaciones, cobertura de salud y actualización de aranceles.
El Senado de la Nación aprobó por unanimidad el proyecto de ley que establece un régimen permanente de discapacidad y mantiene los principales beneficios contemplados en la Ley de Emergencia en Discapacidad. La iniciativa obtuvo 71 votos afirmativos y busca garantizar la continuidad de las prestaciones más allá del vencimiento de la normativa vigente, previsto para diciembre.
La aprobación representa un cambio en la postura del Gobierno nacional, que durante 2025 había rechazado la ley de emergencia. El nuevo proyecto fue impulsado luego de los reclamos de organizaciones y colectivos de personas con discapacidad, que exigieron respuestas para garantizar sus derechos y evitar la interrupción de los servicios.
La iniciativa, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, conserva prácticamente todo el esquema de beneficios anterior, pero elimina su carácter transitorio. De esta manera, establece un marco legal permanente que busca brindar previsibilidad a las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores.
Entre los principales puntos, la norma permite mantener el cobro de pensiones no contributivas por discapacidad, equivalentes al 70% del haber jubilatorio mínimo, junto con un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles. El beneficio alcanza a quienes cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Además, establece la actualización periódica de los aranceles de las prestaciones según el índice de movilidad jubilatoria, conserva el nomenclador único y garantiza la cobertura básica de salud del programa federal Incluir Salud para los titulares de pensiones por discapacidad.
En materia presupuestaria, el proyecto dispone que los fondos asignados al Ministerio de Salud no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior. También incorpora auditorías periódicas mediante el cruce de información entre organismos estatales, bajo el principio del debido proceso inclusivo.
Durante el debate, legisladores de distintos bloques coincidieron en la necesidad de establecer reglas estables para el sector, aunque expresaron diferentes posiciones sobre el alcance de la nueva legislación. Desde la oposición destacaron el reclamo de las organizaciones, mientras que el oficialismo defendió el paso de un régimen de emergencia a uno permanente. También se incorporó un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores.
Finalmente, la ley establece un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente sus disposiciones. La aprobación busca garantizar la continuidad de las prestaciones, las pensiones y las coberturas de salud, en un contexto marcado por los reclamos de las personas con discapacidad y las dificultades económicas que atraviesan numerosas instituciones y familias.
Foto: Daniel Vides.