El abogado de Trelew se preguntó qué esconden los millonarios contratos que firmó el Gobierno de Torres con consultoras. Lo mismo inquirió Ibarrola, y al poco tiempo fue atacado en la vía pública.
En su sano juicio, nadie es capaz de montar una escena en la que la víctima es un supuesto delincuente. El aparato estatal difamador es tan poderoso que hasta lo irreal aparenta verosímil.
Sin embargo, ante una comunidad en alerta y difícil de engañar -como ya sucede en los últimos tiempos enhorabuena- el montaje de un supuesto acto de justicia resulta fácil de descifrar cuando los actores de reparto -y en efecto los productores de ese episodio absurdo- operan con torpeza.
A Daniel Ibarrola lo agredieron por querer conocer detalles de los contratos millonarios que el Gobierno del Chubut, conducido por Ignacio Torres, firmó con varias consultoras.
Al vecino, que ofrece una mirada distinta de lo diario y suele marcar tendencia con algunos anticipos marcados por esas inconfundibles placas, lo agredieron cobardemente en la vía pública. Casualidad, ocurrió luego de que solicitara información sobre lo antes indicado.
Increíble que sucedan estas acciones cuando se trata de indagar acerca de actos que, al menos, despiertan sospechas. Y cuando las altas esferas están involucradas. La ciudadanía tiene el derecho a ejercer sus facultades cuando el manejo del dinero público es utilizado con otros fines.
Y parece que controlar es despreciable.
El abogado Federico Massoni, postulado a la intendencia de Trelew, repudió el ataque a Ibarrola.
En X, escribió: “A Daniel Ibarrola lo molieron a palos y lo filmaron como ‘justicia popular’. ¿Su pecado? Exigirle a la Justicia los contratos de las consultoras que el Gobierno de Torres llena de pauta. Nadie hace esto gratis. ¿Quién pagó? ¿Y qué esconden esos contratos?”.
Crecen las sospechas y el repudió a los actos de violencia contra quienes cuentan la verdad que ocultan otros medios y periodistas cómplices del poder.