El diputado Martínez presentó un proyecto para prohibir celulares en las cárceles, cobrar los gastos a los presos e impulsar cambios en el trabajo penitenciario.
La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley para reformar el régimen penitenciario, prohibir los teléfonos celulares en las cárceles y establecer que las personas detenidas afronten los gastos de su alojamiento. La iniciativa, impulsada por el diputado nacional mendocino Álvaro Martínez, también contempla el uso obligatorio de uniformes según el nivel de peligrosidad y cambios en el sistema de trabajo carcelario.
El proyecto busca modificar la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad con el objetivo de combatir las estafas, los secuestros virtuales, el narcotráfico y otros delitos organizados desde los penales. En materia de comunicaciones, propone limitar las llamadas a cinco números telefónicos previamente identificados y autorizados judicialmente, además de habilitar teléfonos fijos y videollamadas con abogados defensores.
Otra de las medidas centrales es la creación de un Arancel Único Carcelario (AUC), que deberán abonar mensualmente los internos para cubrir gastos de alimentación, servicios básicos, asistencia médica y uniformes. Asimismo, establece una clasificación de peligrosidad en tres niveles -leve, medio y alto-, identificados mediante uniformes con diferentes cantidades de líneas verticales.
La propuesta también apunta a reformular el trabajo penitenciario mediante capacitaciones, incorporación de empresas privadas y producción de bienes y servicios. Según datos oficiales correspondientes a diciembre de 2024, el Servicio Penitenciario Federal alojaba a 11.728 personas, de las cuales 7.545 percibían algún ingreso por su trabajo. Sin embargo, solo 2.922 realizaban tareas productivas vinculadas con la reinserción social.
La iniciativa se suma a otro proyecto presentado por Martínez en abril, que propone penas de uno a tres años de prisión para los internos que posean teléfonos celulares y de tres a cinco años si los utilizan para cometer delitos. El nuevo texto deberá ser debatido en la Comisión de Legislación Penal, donde se analizarán los cambios propuestos para las comunicaciones, el financiamiento de los gastos carcelarios y la reinserción laboral de las personas privadas de libertad.