El Gobierno de Bolivia denunció a cuatro exministros de Defensa por presuntas irregularidades en la implementación del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (SIDACTA), adquirido en 2015 por 191 millones de euros. El caso involucra a funcionarios de las administraciones de Evo Morales, Jeanine Áñez y Luis Arce.
Los exministros Reymi Ferreira, Javier Zavaleta, Fernando López Julio y Edmundo Novillo fueron denunciados ante la Fiscalía de La Paz por presuntos delitos relacionados con contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Según las autoridades, el perjuicio económico superaría los 1.478 millones de bolivianos, equivalentes a unos 126,5 millones de dólares.
Una auditoría gubernamental reveló que, de los 13 radares adquiridos a la empresa francesa Thales Air Systems, solo dos funcionan plenamente, mientras que nueve presentan irregularidades y otros dos están fuera de servicio. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, cuestionó las modificaciones contractuales y las demoras en la ejecución, que se extendió durante más de ocho años.
Por su parte, Ferreira rechazó las acusaciones y defendió las modificaciones realizadas al contrato. El exfuncionario sostuvo que los cambios estaban contemplados en el acuerdo original y negó que se hubiera alterado el precio o el plazo de finalización. Además, denunció un supuesto sabotaje al sistema y advirtió sobre posibles intereses vinculados al narcotráfico.
El analista Carlos Moldiz señaló que la participación de exministros de gobiernos políticamente enfrentados podría indicar que la investigación no responde exclusivamente a motivaciones partidarias. El caso se desarrolla en un contexto de preocupación por el tráfico de drogas en la región, mientras otras denuncias sobre presuntos pagos ilegales para facilitar vuelos con sustancias ilícitas también generan cuestionamientos sobre los controles estatales en Bolivia.
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