Hay varios frentes de conflictos: la entidad dijo que el Municipio quiere obligarla a entregar gratuitamente la energía en los espacios públicos. Además de que le reconociera una deuda de 30 millones. También hay polémica por balances sin aprobar desde el 2011.
La conducción de la Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos de Corcovado denunció “ataques políticos sin precedentes” por parte del intendente Ariel Molina, en medio de una disputa por la concesión del servicio y la situación institucional de la entidad.
Según señalaron desde la cooperativa, el conflicto se profundizó luego de que la actual conducción rechazara un contrato de concesión que, de acuerdo con su versión, pretendía obligarla a entregar gratuitamente la energía destinada a los espacios públicos municipales.
La entidad también sostuvo que el Ejecutivo municipal buscaba que se reconociera una deuda cercana a los 30 millones de pesos. La conducción cooperativa afirmó que no aceptará comprometer el patrimonio de los socios y atribuyó las denuncias, intimaciones y reclamos recientes a esa negativa.
El segundo punto de conflicto está relacionado con la asamblea general ordinaria que la Cooperativa había convocado para este 7 de octubre. El objetivo, según explicó la institución, era completar la elección de autoridades, designar la sindicatura y avanzar con un proceso de regularización administrativa y contable.
Sin embargo, la Subsecretaría de Asociativismo y Economía Social de Chubut suspendió la asamblea mediante la resolución 02/2026, firmada por el subsecretario Exequiel Villagra. La medida cuestionó la convocatoria y dispuso avanzar con un proceso de verificación institucional y veeduría sobre la Cooperativa.
La conducción de la entidad cuestionó la decisión provincial y sostuvo que la suspensión impide que los asociados participen en la elección de sus representantes y en el proceso de saneamiento que, según afirmaron, la institución necesita.
Uno de los principales cuestionamientos planteados por la cooperativa apunta a la situación contable acumulada durante las gestiones anteriores. La conducción aseguró que encontró 12 años de balances sin aprobar, desde 2011, y denunció un período prolongado de irregularidades y falta de control institucional.
La entidad sostuvo además que pretendía auditar los balances atrasados antes de avanzar con su aprobación. En su planteo, el proceso alcanzaría los ejercicios pendientes de los últimos años y permitiría transparentar la situación económica y administrativa de la Cooperativa.
En paralelo, la conducción afirmó que el Municipio de Corcovado no tiene facultades para intervenir la institución ni para designar delegados o disponer auditorías por su cuenta. Según la cooperativa, esa interpretación estaría respaldada por un dictamen del Ente Regulador de Servicios Públicos del Chubut (EPRESP), que habría determinado que el Municipio no reviste el carácter de poder concedente.
Pese al conflicto institucional y político, la cooperativa aseguró que el servicio eléctrico está garantizado para Corcovado, Carrenleufú, Cerro Centinela y la zona rural. La conducción sostuvo que continuará respondiendo las intimaciones recibidas y defendió su actuación dentro del marco de la Ley de Cooperativas, mientras reclama avanzar con el saneamiento de la institución.