El Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) cuestionó duramente el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vinculado con la Ley de Tierras y el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La organización sostuvo que la decisión representa un retroceso en materia de soberanía nacional.
Según expresó el CECIM, la Corte rechazó su planteo sin ingresar al fondo de la cuestión y consideró que la entidad no estaba legitimada para promover la acción judicial. Los excombatientes cuestionaron que se les niegue la posibilidad de recurrir a la Justicia para plantear una controversia relacionada con la soberanía territorial.
En un comunicado difundido tras conocerse la resolución, la organización vinculó el fallo con el debate sobre la modificación de las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. En ese marco, afirmó que la decisión judicial favorece la posibilidad de avanzar con la venta de tierras argentinas, una interpretación que constituye una valoración política del CECIM.
Los excombatientes también cuestionaron el papel institucional de la Corte Suprema y recordaron que quienes integran el CECIM participaron en la guerra de Malvinas de 1982. Desde la entidad sostuvieron que existe una contradicción entre haber sido convocados entonces en nombre de la defensa de la soberanía y no poder, según su interpretación del fallo, acudir a la Justicia para defender ese mismo principio.
El pronunciamiento concluyó con fuertes críticas al máximo tribunal y al Gobierno nacional. El CECIM calificó la resolución como una decisión de relevancia política e institucional y sostuvo que el fallo beneficia al oficialismo en el marco de la discusión sobre tierras, soberanía y los alcances del DNU 70/2023.
A CONTINUACIÓN, EL COMUNICADO DE EXCOMBATIENTES
LA CORTE DECRETÓ QUE LA SOBERANÍA NO ES UN BIEN JURÍDICO Y PUSO A LA ARGENTINA EN VENTA
En un fallo escueto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de resolver el problema político en que el gobierno de Milei se había metido. Mientras el pueblo gritó con fuerza que «LA PATRIA NO SE VENDE», la Corte entendió que no existe algo así como una bien jurídica soberanía, y rechazó nuestra demanda para evitar la derogación de la Ley de Tierras, que el presidente intentó a poco de asumir, mediante el Decreto 70/23.
Lo hizo pateando la pelota afuera. No exploró el planteo jurídico. Dijo que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no estaba legitimada. Dijo, con claridad, que este grupo de exsoldados conscriptos, combatientes de Malvinas, no podemos acudir a la Justicia en defensa de la soberanía.
Extraño razonamiento, si atendemos a que esta Corte conforma el Estado argentino, en su esquema de tripartición de poderes. Un Estado argentino que, en 1982, nos mandó a batallar bajo el argumento de la «defensa de la soberanía nacional». Rara consideración la de esta Corte. Podemos morir en defensa de la soberanía, pero no acudir a un Tribunal. El fallo no solo se pela con el derecho. Lo hace con la humanidad, con la razonabilidad. Esta Corte es indigna, por la temeridad y violencia con la que, sistemáticamente, violenta al pueblo argentino, a su territorio, a su capacidad de decidir.
¿El resultado? La Corte resolvió el problema político de Milei. Acaba de poner, este 29 de septiembre, a la República Argentina en venta. Acaba de decirle al mundo entero que, si quiere, pueden venir a comprar municipios, provincias, zonas de frontera, ríos, valles, bosques, quebradas, incluidas las Islas Malvinas. Tú si puedes comprar mi viento, tú si puedes comprar mi sol, tú si puedes comprar la lluvia, tú si puedes comprar el calor. Lo hizo de forma cobarde, diciendo que no lo hacía, que el problema estaba en si los excombatientes podíamos o no acudir a la justicia. Entendió que no, y al hacerlo le concedió el regalito del año a Javier y a Karina Milei.
De eso, en definitiva, se trata. Que nadie salga a pretender dibujar la historia de la tragedia judicial argentina con argumentos técnicos. Es la misma Corte que, institucionalmente, adoptó hace casi 100 años la «doctrina de facto», y convalidó lo hecho por las dictaduras en nuestro país; la que funciona con 3 miembros que tienen más poder que un dios al que nadie puede evaluar. Esa Corte, hoy, es la responsable política e institucional de la venta de las tierras argentinas a extranjeros.