El Gobierno de Javier Milei anunció este lunes el inicio de un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ante el avance de actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas y espacios marítimos circundantes.
La medida busca frenar el proyecto “Sea Lion”, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, y cuestionar la eventual concesión de nuevos permisos para la exploración y explotación de recursos naturales en la Plataforma Continental Argentina.
Según informó la Oficina del Presidente, Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos oficiales a activar el mecanismo previsto en el Anexo VII de la Convención. El mandatario advirtió que, si el Reino Unido no detiene las actividades en un plazo de dos semanas, la Argentina recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
El Gobierno fundamentó su posición en las resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la Asamblea General de la ONU. La administración argentina sostiene que existe una disputa de soberanía y que las acciones unilaterales vinculadas con los recursos naturales no deben modificar la situación de los archipiélagos.
En paralelo, la Casa Rosada rechazó la respuesta británica al discurso de Milei ante la Asamblea General de Naciones Unidas y afirmó que la denominación de “Territorio Británico de Ultramar” y el referéndum realizado en las islas en 2013 no modifican, según la posición argentina, la controversia de soberanía.
Finalmente, el Gobierno informó que inició acciones administrativas, denuncias penales y gestiones diplomáticas por operaciones aéreas que calificó como no autorizadas y que atribuyó a THALES UK LIMITED en la ruta Malvinas-Punta Arenas. La administración nacional aseguró que continuará utilizando herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas para defender sus reclamos soberanos.