El proyecto de ordenanza establece por seis meses la emergencia de la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica en el ejido de Trelew, ante la situación económica y financiera de la Cooperativa Eléctrica.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la creación de un Fondo de Emergencia para la Continuidad del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica, destinado a sostener el funcionamiento de la prestación.
La principal implicancia para los usuarios es que el fondo será financiado mediante un aporte obligatorio a cargo de quienes utilizan el servicio eléctrico.
La Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Limitada de Trelew será designada como agente de percepción del aporte. De esta manera, el nuevo concepto se incorporará al esquema de cobro del servicio y representará un mayor gasto para los usuarios.
Según el texto, los recursos recaudados deberán depositarse en una cuenta bancaria específica y su utilización requerirá la intervención conjunta de un delegado municipal y del tesorero del Consejo de Administración de la Cooperativa.
El dinero podrá utilizarse para afrontar gastos considerados indispensables para garantizar la continuidad del servicio, entre ellos la compra de insumos y materiales, mantenimiento, reparaciones, reposición de infraestructura, equipamiento y ejecución de obras.
OTROS ALCANCES
La ordenanza también contempla un Régimen de Regularización de Usuarios Informales e Inclusión Eléctrica. Se prevé la instalación obligatoria de medidores en hogares conectados informalmente a la red y la posibilidad de condonar determinadas deudas para quienes regularicen voluntariamente su situación dentro de los primeros 60 días.
Para los usuarios incorporados al régimen que acrediten vulnerabilidad socioeconómica, se establece una Tarifa Social Base durante la vigencia de la emergencia. Esta incluirá el costo de la energía efectivamente consumida, el Fondo de Sostenimiento de los Servicios Sanitarios y el nuevo Fondo de Emergencia, aunque quedarán excluidos el VAD, cargos fijos y otros componentes de distribución.
La iniciativa también busca limitar el crecimiento de la estructura de personal de la Cooperativa. En principio, se prohíben nuevos ingresos, contrataciones o designaciones, salvo casos excepcionales en los que se demuestre que resultan indispensables para garantizar la prestación de los servicios.
NO HABRÁ INGRESOS POR JUBILACIONES
Además, las vacantes que se produzcan por jubilaciones, renuncias, fallecimientos, despidos o retiros voluntarios no podrán ser cubiertas, salvo determinadas funciones operativas cuya ausencia pueda comprometer la continuidad de un servicio esencial.
Otro eje de la emergencia será una revisión extraordinaria de costos que deberá realizar el OMRESP en un plazo máximo de 60 días. El objetivo será determinar el pasivo real de la Cooperativa, la trazabilidad de los fondos y su nivel de endeudamiento, además de establecer una estructura de costos eficientes para los servicios.
La propuesta también exige mayor transparencia, con acceso del organismo regulador a documentación contable, bancaria y laboral, y la publicación de balances, auditorías, costos, endeudamiento, ingresos, egresos e inversiones. De este modo, la emergencia combina controles sobre la concesionaria con una medida de impacto directo sobre los bolsillos de los usuarios: la creación de un fondo específico cuya financiación recaerá sobre quienes pagan el servicio eléctrico.