La Asociación de Magistrados y Funcionariado Judicial de Chubut respondió a las acusaciones públicas del gobernador Ignacio Torres, quien cuestionó algunas resoluciones del sector para beneficiar, por ejemplo, a los detenidos.
“Ningún juez ordenó ‘darles asados a los presos’”, planteó el bloque judicial, al rechazar las formulaciones del mandatario provincial. En esta línea, la AMFJCh aclaró que “se trató de una propuesta elaborada por el propio Estado” en una audiencia donde incluso “el Poder Ejecutivo reconoció deficiencias en el servicio de alimentación en los lugares de detención”.
Torres, hace algunos días, cuestionó la resolución del juez Marcelo Nieto Di Biase, quien ordenó al Gobierno a comprar carne para los reos. El mandatario definió la situación como “berreta”; de hecho, había anticipado que no la acataría. Y criticó el perfil zaffaroniano del magistrado.
En un comunicado, la Asociación de Magistrados rechazó “la caricaturización deliberada y falsa de la resolución judicial” referida. Además, repudió “el anuncio respecto de que la decisión judicial no será cumplida”.
COMUNICADO OFICIAL DE LOS MAGISTRADOS
Frente a las declaraciones del Sr. Gobernador sobre una reciente decisión judicial referida a la alimentación de las personas privadas de libertad en el marco de un recurso de hábeas corpus, consideramos necesario poner las cosas en su justo y verdadero lugar.
Ningún juez ordenó darles «asado a los presos». La verdad es que se trató de una resolución mediante la cual se aceptó una propuesta elaborada por el propio Estado que garantizaba una alimentación adecuada a las personas privadas de libertad, incorporando -como fuente de proteínas- cualquier corte de carne de bajo costo, ya sea vacuna, de pollo, de cerdo u otros.
Hay un dato que resulta imposible ignorar: en la audiencia realizada en el trámite de hábeas corpus, los representantes del Poder Ejecutivo reconocieron que el servicio de alimentación en los lugares de detención era deficiente y presentaron al Juez una propuesta para resolver dicha situación, que fue considerada razonable. Allí le solicitaron al magistrado que intime al Poder Ejecutivo del que dependen-que adopte las medidas necesarias para cumplir con la propuesta de alimentación ofrecida, por entender que dicha intimación podría agilizar el trámite administrativo en curso.
La caricaturización deliberada y falsa de la resolución judicial, en un contexto económico-social que impone a tantos ciudadanos/as enormes esfuerzos y privaciones, agudiza el malestar y genera una legítima indignación frente a situaciones que pueden percibirse como privilegios injustificados.
Ese sentimiento merece ser escuchado y atendido, pero no manipulado.
Asimismo, repudiamos el anuncio respecto de que la decisión judicial no será cumplida. En una República las decisiones de los tres poderes del Estado deben cumplirse. El Poder Ejecutivo no tiene la facultad de decidir qué resoluciones judiciales acata, mucho menos cuando se trata de una homologación de una propuesta de ese poder del Estado. Los derechos y las garantías -en este caso de subsistencia- de las personas en general, y los de aquellas privadas de libertad en particular, no dependen de que resulten simpáticos, populares 0 electoralmente convenientes a las autoridades encargadas de su resguardo y protección.
Por último, el Gobernador también ha dicho que los jueces son «más peligrosos que los delincuentes». Los jueces y las juezas no somos enemigos de la sociedad ni adversarios del Poder Ejecutivo. Somos parte de las instituciones creadas por la Constitución, precisamente para que ningún poder pueda actuar sin límites. Que un juez/a resuelva en contra de quien gobierna o adopte una decisión que incomode al poder no lo convierte en una expresión de peligroso; constituye, precisamente, independencia judicial.